Desde 2025, el entonces alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, ya enfrentaba denuncias formales por extorsión, entre ellas una presentada por la emblemática empresa José Cuervo, confirmaron autoridades estatales tras su reciente detención.
La captura del edil se llevó a cabo esta semana mediante un operativo federal coordinado, derivado de múltiples denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción y abuso de poder, así como por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cobros inflados y presión a empresas
De acuerdo con la querella interpuesta por José Cuervo ante la Fiscalía de Jalisco, el ayuntamiento de Tequila habría impuesto un cobro de impuesto predial hasta 20 veces superior a lo permitido por la ley, además de una multa que superaba los 60 millones de pesos.
La empresa también acusó a la administración municipal de negar permisos previamente tramitados conforme a la normativa, lo que habría sido utilizado como mecanismo de presión para exigir pagos irregulares.
Riesgo industrial y alerta de emergencia
Uno de los episodios más graves ocurrió cuando autoridades municipales intentaron clausurar una planta tequilera y ordenaron el apagado inmediato de las calderas, una acción que representaba un alto riesgo de explosión.
Ante la emergencia, el Gobierno de Jalisco intervino de manera urgente a través de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad estatal, luego de recibir una llamada de auxilio desde la planta afectada.
Más empresas afectadas
El gobernador Pablo Lemus reconoció que existen al menos diez casos similares en los que tequileras, hoteles y otras empresas denunciaron cobros irregulares y presuntas extorsiones durante la gestión de Rivera Navarro.
“Son los casos que han llegado al gobierno del estado; no descartamos que surjan más denuncias”, declaró el mandatario.
Se suman acusaciones por violencia política
A las acusaciones financieras se añadieron denuncias por acoso político y violencia en razón de género, presentadas por regidoras de Morena y PRI, así como por una activista local. Las denunciantes señalaron amenazas de muerte y bloqueo sistemático de sus funciones públicas.
Investigación sin tintes partidistas
El gobernador Lemus aseguró que la Fiscalía de Jalisco tiene plena libertad para investigar y enfatizó que el proceso no responde a criterios partidistas, ya que entre las denunciantes hay militantes de distintas fuerzas políticas.
Las autoridades continúan integrando las carpetas de investigación mientras se determina la situación jurídica del alcalde detenido y de otros funcionarios municipales implicados.
