lunes 21 septiembre, 2026

La alcaldía Cuauhtémoc vuelve a estar en el ojo del huracán, y no precisamente por sus ferias culturales o el bacheo de sus calles. Esta vez, el ruido viene de una cifra que marea a cualquiera: 97 millones de pesos. Se dice pronto, pero el lío que rodea a Alessandra Rojo de la Vega tiene a más de uno rascándose la cabeza.

Desde los pasillos del Congreso de la CDMX y las redes sociales de sus opositores, ha corrido la pólvora sobre supuestos contratos simulados. ¿De qué va la historia? Básicamente, se le acusa de haber entregado contratos millonarios a empresas que, según sus detractores, no tienen ni pies ni cabeza o que simplemente no prestaron los servicios para los que fueron contratadas. Es el viejo truco de la “empresa fantasma” que tanto conocemos en la política mexicana, o al menos eso es lo que la oposición quiere que creamos.

¿Realidad o golpeteo político?

Hay que ser honestos: en la Cuauhtémoc la política se juega con el cuchillo entre los dientes. Desde que Rojo de la Vega le ganó la partida a la familia Monreal, la administración no ha tenido un respiro.

  • La acusación: Señalan que esos 97 mdp se repartieron en adjudicaciones directas y procesos poco claros durante los primeros meses de su gestión.
  • La defensa: Ella no se ha quedado callada. Asegura que todo es una campaña de desprestigio para “tumbarle” la alcaldía y que las cuentas están más claras que el agua. Dice que los contratos están justificados y que la lana se ha usado para lo que se debe.

La verdad es que, hasta ahora, no hay una sentencia judicial firme que diga: “sí, se robó el dinero”. Lo que sí hay es un montón de auditorías solicitadas y un intercambio de acusaciones que parece no tener fin. No es ningún secreto que en México, antes de que llegue la justicia, llega el escándalo mediático.

A final de cuentas, el vecino de la Roma o la Doctores lo que quiere es que la luz sirva y que no le asalten en la esquina, no andar descifrando estados de cuenta. Mientras la Secretaría de la Contraloría General no dé un veredicto final, los 97 millones seguirán flotando en ese limbo donde la política y la corrupción se mezclan tanto que ya no sabes dónde termina una y empieza la otra. Habrá que esperar a ver si las pruebas tienen peso o si todo queda en otro “periodicazo” de temporada.

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