En una decisión que redefine el alcance del poder presidencial en materia económica, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados a importaciones provenientes de más de un centenar de países.
Con una votación de seis contra tres, el máximo tribunal invalidó la medida al considerar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no otorga facultades explícitas para establecer aranceles sin la aprobación del Congreso. El fallo representa uno de los golpes judiciales más significativos a la agenda del segundo mandato del mandatario republicano.
Un límite al poder presidencial
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump había utilizado la figura de emergencia nacional para justificar una política comercial agresiva, basada en la imposición de aranceles globales como herramienta de presión diplomática y económica. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., dejó claro que el estatuto invocado no menciona ni autoriza explícitamente la aplicación de impuestos aduaneros.
La resolución marca una excepción relevante frente a otras decisiones recientes del tribunal, que en distintos momentos habían permitido la aplicación provisional de medidas impulsadas por el Ejecutivo.
Impacto económico y posibles reembolsos
El fallo podría abrir la puerta a millonarios reembolsos a importadores, aunque la Corte no se pronunció directamente sobre si el Gobierno deberá devolver los ingresos recaudados.
La senadora demócrata Elizabeth Warren celebró la decisión, pero advirtió que el daño ya está hecho. Señaló que los consumidores estadounidenses han enfrentado aumentos en productos básicos como alimentos y vivienda, además de afectaciones a pequeñas empresas y cadenas de suministro.
Empresas importadoras —entre ellas fabricantes de juguetes educativos y distribuidores de vino— promovieron demandas argumentando que los aranceles encarecieron sus operaciones y provocaron recortes de personal. Una docena de estados también respaldó la impugnación, sosteniendo que el Presidente invadió una facultad constitucional exclusiva del Legislativo.
Un revés a la estrategia comercial de Trump
La política arancelaria había sido uno de los ejes centrales de la administración Trump. El mandatario defendía los gravámenes como mecanismo para reducir el déficit comercial, fortalecer la manufactura nacional y aumentar la recaudación.
Sin embargo, con esta sentencia, la Corte elimina una herramienta clave que la Casa Blanca utilizaba para renegociar acuerdos comerciales y presionar a socios estratégicos.
El impacto no solo es jurídico, sino también político y económico: redefine los límites del poder ejecutivo en materia comercial y reabre el debate sobre el equilibrio entre el Presidente y el Congreso en decisiones que afectan directamente a la economía global.
