El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, denunció que la empresa española Sacyr continúa recibiendo recursos públicos millonarios a través de un contrato firmado en sexenios anteriores para la construcción y operación del Hospital General de Tláhuac.
Durante una entrevista en el programa Los Periodistas, transmitido por Canal 11, Batres señaló que la compañía fue ampliamente favorecida durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al obtener un contrato bajo el esquema de asociación público-privada (APP) que compromete finanzas públicas por más de dos décadas.
El titular del ISSSTE detalló que, actualmente, el organismo entrega a Sacyr alrededor de 137 millones de pesos cada mes, como parte de un acuerdo con vigencia de 23 años, el cual incluye el diseño, edificación, equipamiento, operación y mantenimiento del hospital.
Batres explicó que este tipo de contratos formaron parte de una política de privatización de servicios de salud aplicada durante gobiernos de corte neoliberal, donde se transfirieron funciones estratégicas del Estado a empresas privadas mediante pagos garantizados a largo plazo.
Al comparar los costos, el funcionario advirtió que el monto total del contrato —estimado en 37 mil 800 millones de pesos— permitiría construir varios hospitales públicos de alta especialidad en distintas regiones del país.
Asimismo, recordó que durante los gobiernos de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto se impulsó la canalización constante de recursos públicos hacia el sector privado, no solo en salud, sino también en educación, a través de esquemas de subsidios y contratos.
En el ámbito sanitario, dijo, se privatizaron áreas clave como anestesia, radiología, tomografía, imagenología y hemodinamia, además de promover hospitales bajo modelos APP que garantizaban ganancias millonarias a empresas durante décadas.
Sacyr fue una de las principales beneficiarias de este esquema y, además de proyectos carreteros y de infraestructura, obtuvo en 2017 la concesión del Hospital de Tláhuac, cuya operación sigue bajo su control.
Finalmente, Batres subrayó que la administración actual mantiene litigios para modificar o revertir este tipo de contratos, con el objetivo de recuperar recursos públicos destinados a la atención médica.
“No se trata de estar en contra de la iniciativa privada, sino de que los hospitales privados se financien con sus propios ingresos y no con dinero que debería fortalecer la salud pública”, concluyó.
