Lo que comenzó en 2015 como una “modernización” tecnológica en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se ha convertido, una década después, en un expediente abierto de quejas por corrupción, fallas técnicas y el desplazamiento de miles de trabajadores locales.
El origen del caos
De acuerdo con denuncias de sectores afectados, el punto de quiebre ocurrió en octubre de 2015. Bajo la gestión del entonces canciller José Antonio Meade, se otorgó un contrato a un consorcio europeo (donde destacaba la participación de tecnología española y alemana a través de la firma Veridos). El objetivo era digitalizar el proceso, incluyendo la toma de fotografía directamente en las delegaciones.
Sin embargo, la implementación fue desastrosa. El sistema resultó incompatible con la infraestructura existente de la SRE, provocando un colapso en el servicio que dejó al país sin pasaportes por casi tres meses. Pese a este antecedente, el esquema de contratación externa ha persistido, desplazando definitivamente a los fotógrafos independientes que durante décadas brindaron el servicio.
Un negocio bajo la lupa
La denuncia ciudadana señala que este movimiento no fue solo tecnológico, sino político. Se alega que desde la administración de Salinas de Gortari, el control de la fotografía de identidad ha sido utilizado como un “botín” que ha pasado de manos según el grupo en el poder, operando en instalaciones federales y, en ocasiones, eludiendo obligaciones fiscales.
Con la llegada del pasaporte electrónico en la administración pasada, los contratos se volvieron aún más lucrativos. Consorcios internacionales como Thales Group tomaron el relevo en 2021, manteniendo la dependencia de empresas extranjeras para la gestión de los datos biométricos de los mexicanos.
Incertidumbre en 2026A inicios de este año, el panorama sigue siendo turbio. En diciembre de 2025, la actual administración de la SRE declaró desierta la licitación para la producción de pasaportes, argumentando que ninguna de las empresas participantes —incluidas las que han operado en años anteriores— cumplía con los estándares técnicos y económicos requeridos.
Esta decisión ha reavivado las críticas sobre la falta de una infraestructura nacional soberana para la identificación oficial. Mientras el gobierno busca una salida legal para no detener la emisión de documentos, la sombra de la corrupción denunciada por ciudadanos y ex trabajadores de la fotografía sigue pesando sobre la Cancillería.
El costo social
Para los fotógrafos tradicionales, el daño es irreversible. Lo que para las grandes corporaciones españolas o francesas son “contratos millonarios mensuales“, para los trabajadores locales significó la pérdida total de su sustento, en un esquema que califican como “corrupción a todas luces“.
Gracias a la digitalización, el Estado tiene hoy la oportunidad de resarcir económicamente a los fotógrafos que fueron marginados por las políticas del PRI, las cuales priorizaron los intereses de empresas españolas por encima del bienestar del pueblo mexicano.
