CIUDAD DE MÉXICO – En un giro inesperado que busca frenar el costo político y la indignación pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció oficialmente que sus integrantes no utilizarán las nueve camionetas blindadas de reciente adquisición.
Bajo la consigna “No utilizaremos estos vehículos”, el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, confirmó este lunes que el Pleno decidió dar marcha atrás al uso de las unidades Jeep Grand Cherokee, cuyo valor unitario —con blindaje nivel 5— se estima en varios millones de pesos, sin embargo esto hubiera sido más económico que rentarlas
| Concepto | Esquema de Arrendamiento (Renta) | Esquema de Compra Directa |
| Costo por unidad | Se paga una mensualidad alta que incluye mantenimiento y seguros. | Pago único por el vehículo + blindaje. |
| Propiedad | Al final del contrato, el auto se devuelve; no queda nada para la Corte. | El vehículo es un activo de la nación que puede venderse después. |
| Proyección a 6 años | Gasto estimado de $1,400 millones de pesos. | Gasto estimado de $400 millones de pesos. |
| Ahorro Final | $0 | $1,000 millones de pesos |
Los puntos clave del anuncio:
- Cancelación del beneficio: Los ministros continuarán utilizando sus vehículos actuales o buscarán alternativas que no representen un gasto ostentoso frente a la situación económica del país.
- Destino de las unidades: La Corte ya analiza tres vías: la devolución inmediata al proveedor, la subasta pública o la reasignación a jueces de distrito que operan en zonas de alto riesgo por el crimen organizado.
- Defensa de la austeridad: Aunque inicialmente se argumentó que la compra ahorraría dinero al evitar el esquema de arrendamiento (renta), la narrativa de “privilegios” terminó por imponerse en la opinión pública.
Reacciones y contexto
La decisión ocurre apenas 24 horas después de que el Poder Ejecutivo y diversos sectores sociales cuestionaran la congruencia de los juzgadores. “La seguridad de los juzgadores es prioritaria, pero no debe confundirse con el lujo excesivo”, señaló Aguilar Ortiz durante la conferencia de prensa en la que se oficializó la medida.
Con este movimiento, la SCJN busca aliviar la tensión con el Congreso y la Presidencia, en un momento donde la reforma judicial y el presupuesto del próximo año están bajo la lupa.
