El conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de México escaló este martes al ámbito internacional. El empresario presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusa al Estado mexicano de ejercer una “persecución política” en su contra, derivada del proceso fiscal que enfrenta desde hace años.
La acción se produce luego de que el magnate perdiera todas las instancias judiciales en México, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en litigios relacionados con adeudos fiscales que ascienden a más de 51 mil millones de pesos. Tras ese revés definitivo, Salinas Pliego había anticipado que acudiría a organismos internacionales, advertencia que ahora se concreta.
Denuncia por hostigamiento fiscal y judicial
De acuerdo con un comunicado del Grupo Salinas, la denuncia sostiene que el empresario ha sido objeto de hostigamiento fiscal, judicial y administrativo, con el objetivo —afirma— de limitar su libertad de expresión y su participación en el debate público. El documento fue presentado tras una reunión con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en la sede de la OEA, en Washington.
Entre los señalamientos se incluye la realización de auditorías excesivas, el daño a su reputación pública, el uso político del aparato fiscal y una supuesta captura del Poder Judicial, esta última vinculada a la reciente reforma judicial que modificó la integración de juzgados y tribunales mediante voto popular.
Hacienda prepara la fase final del cobro
La denuncia internacional llega en un momento clave. Tras más de 15 años de litigios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encuentra listo para iniciar la fase de ejecución del cobro, luego de que se estableciera el monto definitivo de la deuda.
El Gobierno federal informó que el pago podría exigirse este mismo mes, aunque el adeudo podría reducirse hasta en 39% si el empresario optara por cubrirlo de manera voluntaria. No obstante, todo indica que Salinas Pliego continuará apostando por la vía legal y política antes que por un acuerdo fiscal.
Alcance limitado de la ruta internacional
Especialistas consideran que el camino ante la CIDH será largo y de impacto jurídico limitado, ya que los conflictos de naturaleza fiscal rara vez prosperan en ese tipo de instancias. Incluso si la Comisión admitiera el caso y lo turnara a la Corte Interamericana, el proceso podría tardar años y difícilmente revertiría las resoluciones ya firmes en México.
En ese escenario, una eventual resolución favorable al empresario tendría un valor simbólico, pero no alteraría de forma sustancial la obligación de pago ni los plazos establecidos tras la reciente reforma al juicio de amparo.
Un caso emblemático para el gobierno de Sheinbaum
Para la administración de Claudia Sheinbaum, el caso se ha convertido en un emblema de la lucha contra los grandes deudores fiscales. El Ejecutivo ha reiterado que aumentar la recaudación es clave para sostener los programas sociales, sin recurrir a una reforma fiscal de fondo.
Salinas Pliego representa, según el discurso oficial, solo una parte visible de un problema mayor: más de dos billones de pesos en créditos fiscales impugnados que permanecen detenidos en tribunales. La confrontación, sin embargo, ha adquirido también un fuerte tono político e ideológico, alimentado por la influencia mediática del empresario y su cercanía con sectores de la oposición.
