CIUDAD DE MÉXICO – Las autoridades electorales mexicanas han puesto bajo la lupa las aspiraciones políticas de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han iniciado formalmente investigaciones para determinar la existencia de posibles delitos electorales y financiamiento ilícito vinculados a su nueva plataforma política.
El foco de la investigación se centra en los movimientos realizados por Cuevas desde el segundo semestre de 2025, tras el anuncio de la creación de su propia organización política con miras a contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.
Actos anticipados y procedimientos en curso
El conflicto legal escaló significativamente a raíz de una serie de eventos documentados en agosto de 2025. En ese periodo, el INE recibió diversas denuncias por lo que se consideraron actos anticipados de campaña. Según los expedientes integrados por la autoridad administrativa, Cuevas habría desplegado una estrategia de posicionamiento personalizado fuera de los tiempos legales permitidos, utilizando recursos que ahora son objeto de fiscalización.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, señalando que la promoción de su imagen y el uso de lemas de campaña —orientados a un proceso electoral que aún dista varios años— podrían vulnerar el principio de equidad en la contienda.
“No se trata de una persecución, sino del cumplimiento irrestricto de las leyes de fiscalización. Ningún actor político puede promocionarse con fines electorales fuera de los plazos establecidos, y mucho menos si el origen de esos recursos no es transparente”, señaló una fuente interna del Instituto Electoral.
La conexión con Ulises Ruiz y el financiamiento bajo sospecha
Un elemento clave en esta trama es la participación del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, quien ha sido identificado como el coordinador estratégico del movimiento de Cuevas. La alianza entre ambos ha generado suspicacias debido a la estructura operativa que han montado a nivel nacional.
Las autoridades investigan específicamente a la empresa Sandra Cuevas Diamond Group. Se sospecha que esta entidad privada ha sido utilizada como vehículo para triangular fondos destinados a actividades proselitistas disfrazadas de actividades empresariales o sociales.
Puntos clave de la investigación financiera:
- Origen de los fondos: Auditorías preliminares buscan determinar si existen aportaciones de entes prohibidos por la ley electoral.
- Triangulación de recursos: Se indaga si el flujo de efectivo entre la empresa Diamond Group y el movimiento político cumple con las normas de transparencia.
- Gasto no reportado: El INE busca cuantificar el costo de los eventos masivos realizados a finales de 2025 bajo la coordinación de Ruiz Ortiz.
Un futuro político incierto
A pesar de las investigaciones, Sandra Cuevas ha mantenido un discurso desafiante, asegurando que su proyecto es ciudadano y que el registro de su nuevo partido político ante el INE —proceso que formalmente inicia en el primer trimestre de 2026— cumplirá con todos los requisitos. Sin embargo, una resolución condenatoria por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o una acción penal de la FEPADE podría inhabilitar sus aspiraciones para el 2030.
Expertos en materia electoral coinciden en que este caso marcará un precedente sobre el uso de empresas privadas para financiar “movimientos sociales” que actúan como precampañas permanentes. De comprobarse los delitos, Cuevas no solo enfrentaría multas millonarias, sino la posible cancelación definitiva de su derecho a ser registrada como candidata.
