Ciudad de México, viernes 23 de enero de 2026.
El plazo impuesto por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que el empresario Ricardo Salinas Pliego cubra una deuda fiscal estimada en 51 mil millones de pesos vence este viernes, lo que ha generado dudas sobre las posibles consecuencias legales, incluida la posibilidad de una pena de prisión.
De acuerdo con especialistas en derecho fiscal, no pagar una deuda fiscal no implica automáticamente ir a la cárcel, incluso cuando se trata de un monto tan elevado. En México, la falta de pago de impuestos se maneja principalmente por la vía administrativa, mediante embargos, aseguramiento de cuentas bancarias y procedimientos de cobro.
Sin embargo, el escenario cambia si la autoridad fiscal logra acreditar el delito de defraudación fiscal, el cual ocurre cuando el contribuyente utiliza engaños, simulaciones o información falsa para evadir el pago de impuestos. En ese caso, la conducta deja de ser solo un adeudo y pasa al ámbito penal.
El Código Fiscal de la Federación establece que la defraudación fiscal puede castigarse con penas de prisión que van de 3 meses hasta 9 años, dependiendo del monto defraudado y de las circunstancias del caso. Dado que la cifra atribuida a Salinas Pliego supera ampliamente los rangos más altos previstos por la ley, una eventual imputación penal podría ubicarse en el máximo de las sanciones.
No obstante, expertos subrayan que la prisión solo sería posible tras un proceso penal, en el que el SAT y la Fiscalía General de la República demuestren la existencia de dolo, es decir, la intención deliberada de evadir impuestos. Mientras esto no ocurra, el conflicto se mantiene en el terreno legal y fiscal.
Hasta el momento, el empresario ha sostenido que los adeudos están en litigio y que se trata de diferencias de criterio con la autoridad, una postura común en disputas fiscales de gran escala. El SAT, por su parte, no ha confirmado si iniciará acciones penales en caso de que el pago no se realice este viernes.
El desenlace del caso podría sentar un precedente relevante en la relación entre grandes contribuyentes y la autoridad fiscal en México.
