Parecía que no iba a llegar el día, pero llegó. Tras años de idas y vueltas en los tribunales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) finalmente puso el último clavo en el ataúd de los litigios de Totalplay. Al final, no hubo más espacio para maniobrar: la empresa de Ricardo Salinas Pliego tendrá que desembolsar 645.7 millones de pesos por un viejo adeudo fiscal que venía arrastrando desde 2017.
Lo curioso del asunto es que no fue una derrota estrepitosa en una votación dividida, sino más bien una retirada estratégica. La empresa optó por desistirse de su último amparo, lo que en términos llanos significa que ellos mismos tiraron la toalla. Con esto, el crédito fiscal quedó “firme“, una palabra que a los contadores les da dolor de cabeza porque significa que ya no hay vuelta atrás: hay que pagar.
¿Por qué ahora?
No es que el magnate se haya despertado de buenas. Todo esto es parte de un “paquete” más grande. Recordemos que apenas hace unas semanas, Grupo Salinas llegó a un acuerdo histórico con el gobierno para liquidar una deuda monumental de más de 32 mil millones de pesos. Básicamente, decidieron limpiar la mesa de una vez por todas. La ministra Lenia Batres fue quien soltó la noticia en la sesión, celebrando que, por fin, el máximo tribunal ya no tiene asuntos pendientes con el conglomerado.
El panorama final
La cosa queda así:
- El monto: 645.7 millones de pesos (solo de este amparo).
- La situación: El pleito legal terminó oficialmente en la Corte.
- El contexto: Grupo Salinas ya empezó a pagar su deuda total en “abonos“, pero ya sin el escudo de los amparos que los protegieron por casi una década.
Es el fin de una era de resistencia fiscal. Para muchos, es un triunfo de la recaudación; para otros, solo el cierre de un ciclo necesario para que las empresas sigan operando sin la sombra del SAT soplándoles el cuello en cada sesión de la Corte. Al final del día, las reglas se aplican y, aunque tardó, la cuenta llegó a la mesa.
