No se hablaba de otra cosa en los pasillos antes de que empezara la “mañanera” de este miércoles. Tras la reciente filtración de un paquete masivo de archivos —se habla de casi tres millones de páginas— que vinculan a figuras globales con el entorno de Jeffrey Epstein, el nombre de México volvió a retumbar. Y claro, la pregunta para la presidenta Claudia Sheinbaum era inevitable.
Con la calma que intenta proyectar en temas espinosos, Sheinbaum no le dio vueltas al asunto. “Es una investigación que ocurre en Estados Unidos“, soltó de entrada, dejando claro que la pelota está, por ahora, en la cancha del Departamento de Justicia (DOJ) de aquel país. Pero no se quedó ahí. La mandataria aseguró que, si las autoridades estadounidenses solicitan formalmente la colaboración de México para indagar a los connacionales mencionados, el Gobierno Federal participará sin dudarlo.
¿Quiénes aparecen y por qué tanto ruido?
La polémica no es menor porque los nombres no son cualquier cosa. En los documentos que han circulado estos días aparecen menciones a Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim y referencias vinculadas a la familia de Emilio Azcárraga. Hay que ser precisos: estar en los archivos no es sinónimo automático de un delito. Por ejemplo, en el caso de Slim, se trata de una mención en un correo electrónico que parece más una broma o un comentario al aire que una implicación directa.
Sin embargo, para Salinas Pliego la cosa ha sido más ruidosa, pues su nombre figura en listas de correos sobre eventos organizados por John Brockman, un personaje cercano a Epstein.
La postura oficial: “Diplomacia y legalidad”
La respuesta de Sheinbaum fue un ejercicio de equilibrio. Por un lado, evitó señalar culpables —”no nos corresponde juzgar sin pruebas“, parece ser el mantra—, pero por otro, mandó un mensaje de cero impunidad si es que el DOJ encuentra algo sólido.
Lo cierto es que la sombra de Epstein es larga y, aunque muchos de estos datos ya se sospechaban o habían circulado en fragmentos, el volumen de información que se hizo público este 2026 ha forzado al Gobierno de México a tomar una postura clara: cooperación sí, pero bajo petición formal. Al final del día, la presidenta sabe que meterse de lleno en un pantano legal extranjero sin una solicitud de por medio sería un error diplomático, pero ignorar el clamor social por respuestas sobre la élite mexicana tampoco es opción. Habrá que ver si Washington levanta el teléfono.
