La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 37 personas vinculadas con el crimen organizado a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada tras un análisis del Consejo Nacional de Seguridad y a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense.
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que esta acción tenga relación con una reciente llamada telefónica con el presidente Donald Trump, y aclaró que el procedimiento forma parte de los mecanismos permanentes de cooperación bilateral en materia de seguridad.
“No tiene que ver con ninguna llamada. Es una solicitud que viene de los grupos de entendimiento bilateral. Se analiza en el Consejo Nacional de Seguridad y se toma una decisión que pone primero la conveniencia para México”, explicó.
Coordinación sí, subordinación no
Sheinbaum enfatizó que la colaboración con Estados Unidos no implica actuar de manera automática ante peticiones externas, sino que cada caso es evaluado bajo criterios de seguridad nacional, seguridad pública y defensa de la soberanía.
“Se pone primero a México por encima de todo. Aunque pidan lo que tengan que pedir, la decisión se toma con base en nuestra política de seguridad y de seguridad nacional”, sostuvo.
La presidenta agregó que muchos de los implicados ya contaban con procesos de extradición, pero negó que el gobierno federal actúe para “quedar bien” con autoridades extranjeras.
Análisis individual y decisión de Estado
De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, cada uno de los traslados se revisa de forma individual, considerando el perfil de los detenidos y el impacto que su entrega puede tener para el país.
“No es ‘lo piden y ahí va’. Hay un análisis profundo sobre si conviene a México colaborar y con qué perfiles. Es coordinación y colaboración, pero con decisiones soberanas”, puntualizó.
Traslado bajo marco legal
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que las 37 personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde distintos centros penitenciarios del país, acusadas de delitos como tráfico de drogas y vínculos con organizaciones criminales.
Las dependencias señalaron que la custodia y entrega se realizaron conforme a los protocolos institucionales, con respeto a los derechos humanos, la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos internacionales vigentes.
Finalmente, el gobierno federal subrayó que esta acción se enmarca en una relación de cooperación y reciprocidad bilateral, basada en el respeto mutuo a la soberanía de México y Estados Unidos.
