El Palacio Nacional amaneció con un anuncio que va a dar de qué hablar por un buen rato en los pasillos de la política y, claro, en las sobremesas de todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum soltó la bomba en su “mañanera“: va con todo contra esas pensiones millonarias que algunos exfuncionarios de alto nivel se siguen cobrando como si viviéramos en otra época.
La propuesta no es cualquier cosa; se trata de una reforma al artículo 127 de la Constitución. La idea es sencilla, pero tajante: nadie que haya sido funcionario de confianza podrá recibir una pensión que supere el 50% del salario neto de la Presidenta. Si tomamos en cuenta lo que ella gana, el tope andaría por ahí de los 67 mil pesos mensuales. Un ajuste drástico si consideramos que hay quienes hoy se embolsan cifras que rozan el millón de pesos al mes.
Los “privilegiados” en la mira
Acompañada por Raquel Buenrostro, titular de la nueva Secretaría Anticorrupción, y su consejera jurídica, Estela Damián, la mandataria no se guardó los datos. Resulta que tras un diagnóstico a fondo, encontraron casos que parecen sacados de una ficción:
- Luz y Fuerza del Centro (en liquidación): Hay casi 9,500 personas cobrando entre 100 mil y un millón de pesos mensuales.
- Pemex y CFE: Más de 2,700 exdirectivos y altos mandos perciben montos que superan por mucho lo que gana la propia jefa del Ejecutivo.
- Banca de Desarrollo: Instituciones como Nafin y Banobras también tienen a sus “consentidos” con jubilaciones que la mayoría de los mexicanos ni en sueños vería.
No es para todos (el alivio de los sindicatos)
Sheinbaum fue muy clara para evitar que se corrieran rumores de pasillo: esta reforma no toca a los trabajadores de base. Si eres sindicalizado de Pemex o CFE y tienes tu contrato colectivo, no tienes de qué preocuparte; el tijeretazo es exclusivo para los “altos mandos de confianza“. Es, en palabras de la Presidenta, una cuestión de “justicia y humanismo“, no un ataque al derecho laboral de los trabajadores comunes.
¿A dónde irá ese dinero?
No estamos hablando de “morralla“. El gobierno estima que, de aprobarse la iniciativa, se ahorrarían unos 5 mil millones de pesos al año. Y como ya es costumbre en esta administración, ese dinero tiene un destino marcado: los Programas para el Bienestar. Básicamente, se trata de quitarle a los de arriba para repartirlo abajo, una narrativa que le ha funcionado bien al movimiento y que hoy refuerza con números en mano.
La iniciativa no se quedará en el escritorio; el plan es enviarla al Senado el próximo lunes 23 de febrero. Habrá que ver cómo reaccionan las bancadas de oposición, aunque con estos datos sobre la mesa, oponerse a eliminar “pensiones de un millón de pesos” va a ser una batalla difícil de vender al electorado. Al final, parece que la austeridad republicana acaba de encontrar su segundo aire este 2026.
