En un golpe sin precedentes contra la delincuencia organizada y la evasión fiscal, una compleja red compuesta por 13 casinos, que operaban tanto a través de ostentosos establecimientos físicos como de sofisticadas plataformas digitales, fue desmantelada el pasado mes por las autoridades de seguridad. La investigación, que ha durado meses, ha sacado a la luz un sofisticado esquema de lavado de dinero que se valía de identidades falsificadas, simulaciones de apuestas y un enmarañado sistema de transferencias de capital hacia jurisdicciones conocidas por su opacidad fiscal, comúnmente denominadas “paraísos fiscales”.
El anuncio fue hecho por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló la magnitud de la operación. Según sus declaraciones, los casinos implicados, dos de los cuales han sido vinculados al influyente Grupo Salinas, empleaban mecanismos complejos para la dispersión de fondos y la simulación fiscal. Estos incluían la presentación de declaraciones en ceros ante las autoridades y la ejecución de flujos financieros internacionales no justificados, dirigidos específicamente a naciones como Rumania, Suiza y Estados Unidos. Además, se identificaron operaciones a través de plataformas tecnológicas no supervisadas que desviaban cuantiosas sumas de dinero hacia Malta y los Emiratos Árabes Unidos, territorios conocidos por sus laxas regulaciones financieras.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, ofreció una explicación exhaustiva de los métodos utilizados por estas entidades para legitimar capitales de procedencia ilícita. Presentó un desglose en seis puntos fundamentales que revelan la ingeniosa y sistemática estrategia de los operadores:
La red reclutaba activamente a personas vulnerables o con necesidades económicas, tales como estudiantes, jubilados y amas de casa. A estos individuos se les sustraían o adquirían sus identidades y datos bancarios, convirtiéndolos en piezas involuntarias de un engranaje mucho mayor para el movimiento de recursos.
Los fondos de origen desconocido eran inyectados en el sistema a través de medios electrónicos. Se enviaban a los reclutados tarjetas prepagadas o códigos de “premios” cargados con dinero, que podían ser utilizados tanto en los casinos físicos como en sus plataformas en línea, camuflando así el origen del capital.
Con estos recursos, la persona, a menudo sin pleno conocimiento de la ilegalidad de la operación, realizaba lo que parecían ser apuestas legítimas en el sitio web o la plataforma digital del casino. Estas apuestas eran, en realidad, parte de la simulación.
Un paso crucial en el esquema era el engaño a los clientes que, de buena fe, jugaban en los casinos y obtenían ganancias. Sin embargo, a pesar de sus victorias, estos clientes nunca recibían los pagos correspondientes.
Mientras el cliente era privado de su premio, el sistema del casino registraba que esa persona había ganado millones. Este dinero, que nunca llegaba a las manos del ganador real, era transferido de inmediato a cuentas en el extranjero. Una vez en el exterior, era movido a países o destinos que operan como paraísos fiscales, donde el dinero era “blanqueado” o reinsertado en nuevas apuestas para, finalmente, ser devuelto al país de origen a través de los mismos casinos o empresas fachada.
En la etapa final, el dinero regresaba al país, pero esta vez disfrazado como ganancias legítimas de juego o ingresos lícitos de empresas, completando así el ciclo de blanqueo y haciéndolo parecer legalmente adquirido.
“Este proceso se repitió cientos, si no miles, de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación, vista de forma aislada, parecía normal y dentro de la legalidad, pero en su conjunto, conformaban un mecanismo sistemático y perfectamente orquestado para burlar la ley y blanquear dinero a gran escala”,
enfatizó la funcionaria Grisel Galeano García
