En un ejercicio de transparencia enfocado en la Austeridad Republicana, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó un análisis comparativo que detalla la drástica reducción de ingresos y beneficios para los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Bajo el argumento de que el sistema anterior funcionaba como un “club de intereses”, la mandataria subrayó que la Reforma Judicial no solo cambia rostros, sino que busca restaurar la ética pública en el país.
El Contraste Salarial: Antes y Después
La diferencia en las percepciones económicas de los ministros es uno de los puntos centrales del ajuste administrativo. De acuerdo con los datos oficiales presentados, el recorte impacta significativamente el ingreso anual:
- Sueldo Bruto 2024: Los ministros percibían 297,403 pesos mensuales, lo que representaba un gasto anual de más de 3.5 millones de pesos por funcionario.
- Sueldo Post-Reforma: Actualmente, el pago mensual se ha ajustado a 186,485 pesos, alineándose al tope constitucional que impide que cualquier servidor público gane más que el titular del Ejecutivo.
Los 59 Beneficios Eliminados
Más allá del salario base, la Presidenta denunció la existencia de una red de gastos suntuarios y prestaciones financiadas por el erario que han sido canceladas definitivamente. Entre los puntos más polémicos destacan:
- Seguros Privados: Pólizas de gastos médicos mayores con un costo de 36 mil pesos mensuales por persona.
- Haber de Retiro: Crítica directa a las pensiones vitalicias que permitían a los ministros retirados cobrar casi la totalidad de su sueldo de por vida.
- Movilidad de Lujo: Renovación constante de camionetas blindadas y vehículos de alta gama para uso personal y familiar.
- Apoyos Alimenticios: Facturas millonarias en restaurantes de lujo y comedores privados.
Hacia una Justicia Ciudadana
Sheinbaum enfatizó que los ahorros derivados de la eliminación de estos fideicomisos y apoyos para trámites no oficiales serán destinados a programas sociales y al fortalecimiento de la justicia cotidiana. Según la visión del Gobierno Federal, estos privilegios económicos generaban una desconexión entre los juzgadores y la realidad social de México.
Con este movimiento, se busca que el Poder Judicial deje de percibirse como un ente superior y comience a operar bajo un modelo de servicio al pueblo, donde la austeridad sea la norma y no la excepción.
