La liberación de Yesenia Méndez, exfuncionaria del Ayuntamiento de Uruapan, abrió nuevas interrogantes sobre el rumbo de la investigación por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. La mujer fue puesta en libertad tras rendir declaración ante el Ministerio Público, sin que hasta ahora exista una explicación oficial clara sobre los motivos de su detención inicial.
Méndez ocupó un cargo estratégico dentro del gobierno municipal: fue secretaria particular del alcalde asesinado y permaneció en funciones durante el arranque de la administración encabezada por la actual alcaldesa, Grecia Quiroz. Su posición le otorgaba acceso directo a información sensible, agendas oficiales y movimientos del edil, un punto clave dentro de la investigación.

De acuerdo con versiones que circularon en medios locales y nacionales, la exfuncionaria fue señalada como persona de interés ante la hipótesis de una posible filtración de información que habría facilitado la emboscada contra Manzo. Sin embargo, no existía una orden de aprehensión en su contra, ni se le formuló imputación alguna.
Reportes periodísticos indican que las autoridades analizan mensajes presuntamente intercambiados mediante la aplicación cifrada Threema, donde se habría discutido logística relacionada con el ataque. Estas líneas de investigación coinciden con la reciente desarticulación de una célula criminal en Parácuaro, señalada por dar apoyo a algunos de los implicados materiales.
Pese a la gravedad del caso, la Fiscalía de Michoacán no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique bajo qué figura legal Méndez fue retenida ni por qué fue liberada horas después, lo que ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de actuación y la transparencia institucional.
Tras recuperar su libertad, Yesenia Méndez publicó un breve mensaje en redes sociales agradeciendo el respaldo recibido y celebrando su reencuentro con su familia, sin ofrecer detalles sobre su comparecencia ni sobre el contenido de su declaración.

Mientras tanto, integrantes del movimiento político y social fundado por el propio Carlos Manzo exigieron claridad absoluta, rendición de cuentas y una investigación sin simulaciones, advirtiendo que el caso no puede resolverse entre silencios administrativos ni decisiones opacas.
El asesinato del alcalde sigue siendo una herida abierta en la gobernabilidad municipal de Michoacán, donde el equilibrio entre justicia, poder local y crimen organizado continúa marcando el pulso político de la región.

