La narrativa que circula en redes sociales suele ser blanco o negro, pero la salida de las empresas estadounidenses de Venezuela es un rompecabezas con piezas que no siempre encajan en un solo bando. No es que el Palacio de Miraflores haya firmado un decreto de expulsión masiva; la realidad tiene más que ver con un “efecto pinza” entre las expropiaciones del pasado y las sanciones de Washington.
El mito de la expulsión directa
A diferencia de lo que algunos videos sugieren, el gobierno de Nicolás Maduro no echó a las corporaciones del norte por puro gusto ideológico. De hecho, en los últimos años, el discurso oficial ha girado hacia un pragmatismo casi desesperado, buscando que el capital extranjero regrese para resucitar una industria petrolera que está en los huesos. Sin embargo, el historial pesa.
Durante la era de Hugo Chávez y el inicio del mandato de Maduro, muchas empresas se fueron porque el Estado les confiscó activos o porque el control de cambio hacía que operar fuera un dolor de cabeza financiero. Pero eso no fue una “expulsión” formal, sino un ambiente de negocios que se volvió imposible.

El candado de Washington
Aquí es donde entra el punto que mencionas sobre las sanciones. A partir de 2019, la administración de Donald Trump apretó las tuercas con órdenes ejecutivas que prohibieron a las entidades estadounidenses hacer negocios con el gobierno venezolano y, específicamente, con PDVSA. Para muchas compañías, la orden de salida no vino de Caracas, sino de su propia casa. Washington les dijo: “O dejas de operar allá, o te enfrentas a multas multimillonarias aquí”. Gigantes como General Motors ya habían tirado la toalla tras el embargo de su planta, pero otras, dedicadas al sector servicios, simplemente no pudieron renovar sus permisos legales para quedarse.
La excepción que confirma la regla: Chevron
Si Maduro hubiera expulsado a todas las empresas, hoy no veríamos a Chevron operando a toda máquina en la Faja del Orinoco. La petrolera californiana es el ejemplo perfecto de que, cuando hay voluntad política de ambos lados, el dinero fluye.Gracias a licencias especiales emitidas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. —como la famosa Licencia 41—, Chevron ha podido quedarse y exportar crudo, actuando como un puente económico.

Esto demuestra que la salida de otras empresas no fue un portazo de Maduro, sino una decisión estratégica y legal dictada desde los despachos de Washington para presionar por cambios políticos.
Al final del día, las empresas quedaron atrapadas en un fuego cruzado. Por un lado, un gobierno local que durante años no ofreció garantías jurídicas y, por el otro, su propio gobierno que les prohibió por ley seguir en el juego. Es una trama donde los villanos y los héroes dependen de qué parte del video decidas creer, pero los datos financieros no mienten: la mayoría se fue por miedo a las multas de EE. UU., no por un decreto de Maduro.

