La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura sobre los hechos ocurridos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde un operativo de reordenamiento del comercio ambulante terminó en confrontaciones entre autoridades y vendedores.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria sostuvo que el ordenamiento del espacio público es una tarea legítima de gobierno, pero debe realizarse mediante mesas de trabajo, acuerdos y diálogo, no a través de despliegues que se conviertan en espectáculo.
“No tiene por qué hacerse un show; hay que trabajar. Es un ejercicio de gobierno”, expresó.
Reordenamiento sí, pero sin estigmatización
Sheinbaum evitó referirse directamente a la actuación de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, así como a las presuntas agresiones denunciadas. Sin embargo, subrayó que los procesos de reordenamiento comercial requieren sensibilidad y comunicación con los involucrados.
Recordó su experiencia como secretaria de Medio Ambiente, alcaldesa de Tlalpan y jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalando que en estos casos siempre se establecen canales de diálogo con comerciantes y liderazgos.

La presidenta también advirtió que suele existir una tendencia a estigmatizar al comerciante en vía pública, cuando en realidad se trata de familias que dependen históricamente de esa actividad.
“Debe ordenarse, sí, pero con mesas de trabajo, no con operativos para redes sociales”, insistió.
Además, mencionó que existen numerosos videos circulando en redes, e invitó a la ciudadanía a analizarlos y formar su propio criterio.
¿Qué pasó en San Cosme?
De acuerdo con denuncias públicas y testimonios difundidos, el operativo realizado en la zona de San Cosme no habría sido únicamente un procedimiento administrativo, sino un despliegue acompañado de patrullas, grabaciones en vivo y confrontaciones físicas.
El 12 de febrero, personal de la alcaldía retiró a 25 comerciantes y decomisó mercancía cuyo valor, según los afectados, ascendía a miles de pesos. En documentos oficiales, sin embargo, se registraron artículos de menor cuantía.

Un día después, el Gobierno de la Ciudad de México convocó a una mesa de diálogo para abordar la situación, pero la alcaldía no acudió. En esa reunión se explicó que los vendedores habían sido reubicados legalmente en la zona año y medio antes, mediante un acuerdo previo para liberar el túnel Génova.
Posteriormente, los comerciantes regresaron al punto y, el 13 de febrero, se registró un nuevo operativo que derivó en empujones, lesiones y denuncias por abuso de autoridad. Según los testimonios, hubo afectaciones a adultos mayores y miembros de la comunidad LGBT+.
Horas más tarde, se realizó otro despliegue bajo el argumento de “buscar criminales”, seguido de una transmisión en vivo en la que se señaló públicamente a los comerciantes.
Denuncias ante la Fiscalía
Hasta el momento, 12 comerciantes han presentado denuncias ante la Fiscalía capitalina por presuntas lesiones, amenazas, abuso de autoridad, discriminación y robo de mercancía.

El caso ha abierto un debate sobre los límites entre el ordenamiento urbano, el ejercicio de autoridad y el uso político o mediático de los operativos públicos.

