Tras la publicación de una nota periodística que exhibe un crédito hipotecario por 330 millones de pesos registrado a su nombre, la senadora de Morena Sasil Dora Luz de León Villard acusó a los medios de comunicación de distorsionar la información, pese a que la cifra aparece tal cual en su propia declaración patrimonial presentada ante el Senado.
La polémica se desató luego de que diversos medios retomaran la información basada en documentos oficiales de transparencia, donde se consigna que la legisladora reportó un adeudo por 330 millones de pesos, monto que resulta desproporcionado frente a sus ingresos declarados.

La respuesta de la senadora
Ante las críticas, Sasil de León difundió un video en redes sociales en el que asegura que no se trata de 330 millones, sino de 3 millones 300 mil pesos, y afirmó que al monto original se le habrían agregado “dos ceros de manera maliciosa”.
Sin embargo, la información difundida por la prensa no provino de interpretaciones externas, sino de los datos asentados por la propia senadora en su declaración patrimonial correspondiente a 2025.
Lo que dicen los documentos oficiales
De acuerdo con la declaración patrimonial pública 2025, disponible en el portal de transparencia del Senado:
- La senadora reporta ingresos anuales por 2 millones 581 mil pesos.
- En el apartado de adeudos, ella misma consigna un crédito por 330 millones de pesos, sin aclaración adicional ni corrección posterior.
- El documento oficial no indica que el monto sea de 3.3 millones, sino que aparece expresamente como 330 millones.
Por lo tanto, el error no corresponde a los medios, sino a la información capturada por la propia funcionaria, quien tampoco realizó en su momento una corrección ante la Contraloría del Senado, como lo permite la normatividad.

Una omisión previa que agrava el caso
Además, al revisar su declaración patrimonial de 2024, se detecta que Sasil de León no reportó ningún crédito hipotecario, lo que podría constituir una omisión administrativa.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las personas servidoras públicas cuentan con un plazo de 30 días naturales para corregir omisiones en sus declaraciones. De no hacerlo, pueden hacerse acreedoras a sanciones administrativas.
La legislación establece que, en casos de omisión sin causa justificada, la sanción puede incluir inhabilitación de tres meses hasta un año, tras el procedimiento correspondiente.
De error administrativo a confrontación mediática
Lejos de reconocer una posible equivocación en el llenado de su declaración, la senadora optó por culpar a los medios, pese a que la información difundida deriva directamente de documentos oficiales firmados por ella.
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la rendición de cuentas, así como sobre el uso de la descalificación mediática como estrategia para desviar la atención de errores administrativos propios.
Quienes Fínancian a Latinus y sus Principales dueños e accionistas reportados
Latinus opera a través de diversas sociedades, entre ellas Latinus Media Group LLC (registrada en Delaware, EE. UU., jurisdicción con altos niveles de confidencialidad corporativa), BCG Limited Consulting S.A. de C.V. y Digital Beacon Programmatic Services.
De acuerdo con reportajes coincidentes de Sin Embargo, Proceso, Contralínea, El Financiero, Wikipedia y otros medios:
- Christian González Guadarrama → Principal accionista y director del consorcio.
Actualmente investigado por la UIF y la FGR por presunto lavado de dinero. - Federico Madrazo Rojas (hijo de Roberto Madrazo Pintado, ex candidato presidencial del PRI) y
Alexis Nickin Gaxiola (yerno de Roberto Madrazo) → Principales financiadores y accionistas,
confirmados por el propio Roberto Madrazo en entrevistas públicas. - Otros nombres vinculados: Miguel Alonso Olamendi (exsecretario del gobierno de Silvano Aureoles), Marco Antonio Estrada Castilleja y Patricia Olamendi.

Fuentes de financiamiento reportadas
La mayoría de las investigaciones periodísticas señalan que gran parte del financiamiento provendría de contratos públicos, principalmente en el sector salud (medicamentos, equipo médico y mastografías), otorgados a empresas vinculadas a los Madrazo y socios.
Montos y orígenes señalados:
- Gobierno de Michoacán (2018–2021, administración de Silvano Aureoles) →
Más de 4,500 millones de pesos entregados a 9 empresas del grupo, como Hova Health, Samedic y Diseño de Salud Integral. - Otros gobiernos estatales (PRI, PAN, PRD y administraciones previas) →
Entre 500 y 1,000 millones de pesos adicionales, en entidades como Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Hidalgo y Puebla. - Total estimado → Entre 5,000 y 7,000 millones de pesos, presuntamente triangulados mediante empresas intermediarias hacia las controladoras vinculadas a Latinus.
La UIF ha señalado que parte de estos recursos habría terminado en cuentas en Delaware.
Investigaciones oficiales
- La UIF ha calificado el esquema como posible lavado de dinero y corrupción.
- Entre 2021 y 2024 se presentaron denuncias ante la FGR contra el consorcio empresarial,
no contra los periodistas o conductores de Latinus. - Se detectaron operaciones inusuales y triangulaciones desde gobiernos estatales.
Notas importantes
En 2024–2025 se reportaron nuevos pagos, entre ellos casi 17 millones de pesos del gobierno de Chihuahua (Maru Campos) a través de BCG Limited.
Latinus y sus conductores niegan recibir financiamiento político y sostienen que se trata de persecución gubernamental.
No existe evidencia pública de que Claudio X. González sea financiador directo; únicamente se menciona afinidad editorial con iniciativas como “Sí por México”.

