La detención de Eugenio Javier Maíz Domene, empresario vinculado a Next Energy y propietario del equipo de béisbol Sultanes de Monterrey, reavivó las acusaciones por presuntas irregularidades financieras y administrativas relacionadas con contratos firmados durante la gestión de María Teresa Jiménez Esquivel, hoy gobernadora de Aguascalientes.
El empresario es señalado por un acuerdo celebrado en 2019, cuando Jiménez se desempeñaba como alcaldesa de Aguascalientes, para la construcción y operación de una planta fotovoltaica destinada a suministrar energía al municipio. Aunque el proyecto fue presentado como una apuesta por las energías limpias, hasta la fecha no ha generado electricidad, pese a que ha recibido pagos públicos que superan los 1,000 millones de pesos.
Contratos millonarios y resultados cuestionados
Además del proyecto solar, empresas del mismo grupo empresarial habrían obtenido contratos para la modernización del alumbrado público, operación que fue señalada por presuntos sobreprecios y condiciones poco favorables para el erario.
La controversia se intensificó cuando, ya bajo el mandato estatal de Jiménez, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reestructuración de deuda con Next Energy mediante un esquema de Asociación Público-Privada (APP). Este compromiso financiero podría superar los 12 mil millones de pesos, con afectaciones a participaciones federales por varias décadas.
Denuncias, antecedentes y fiscalización
Diversos actores políticos han presentado denuncias penales por posibles delitos como peculado, ejercicio indebido del servicio público y enriquecimiento ilícito, señalando que los contratos representan un grave daño a las finanzas públicas.
Las críticas se refuerzan por los antecedentes de Next Energy en otros estados, donde existen investigaciones abiertas por proyectos energéticos que nunca se concretaron, pero sí generaron pagos millonarios con recursos públicos.
Sin sentencia, pero con investigación en puerta
Hasta el momento, Tere Jiménez no ha sido vinculada a proceso ni existe una sentencia en su contra. No obstante, el caso permanece bajo el escrutinio público y político, y crece la presión para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación y determine posibles responsabilidades penales de funcionarios y exfuncionarios involucrados.
Mientras tanto, el proyecto energético que prometía ahorro y sustentabilidad sigue sin producir energía, pero con un alto costo para las finanzas públicas del estado.
