La Fiscalía General de la República (FGR) contará con un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, tragedia que dejó 14 personas fallecidas y ocho lesionadas a finales de diciembre de 2025.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, una jueza federal fijó como fecha límite el 28 de julio de 2026 para que el Ministerio Público presente la acusación formal contra Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, o bien solicite una ampliación del plazo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ambos imputados fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, luego de que la FGR los señalara como presuntos responsables del siniestro registrado el domingo 28 de diciembre de 2025, en el Corredor Interoceánico, uno de los proyectos prioritarios de infraestructura federal.
Como medida cautelar, la jueza ordenó prisión preventiva justificada, por lo que los acusados permanecerán recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social número 14 “El Amate”, sin que el internamiento pueda exceder dos años, periodo que estará bajo supervisión judicial.
Durante la diligencia, tanto el conductor como el jefe de despachadores se reservaron su derecho a declarar y fueron asistidos por un abogado del Instituto Federal de la Defensoría Pública. La jueza señaló que la defensa no presentó elementos de prueba suficientes para desvirtuar la imputación de la FGR, la cual sostiene que el tren circulaba a exceso de velocidad al momento del descarrilamiento.
En el caso particular de Ricardo Mendoza Cerón, se informó al juzgado que padece colitis crónica y requiere tratamiento médico diario, por lo que se instruyó a las autoridades penitenciarias a garantizar su derecho a la salud y evitar cualquier vulneración a sus derechos fundamentales durante el proceso.
El caso sigue abierto y, en los próximos meses, la FGR deberá definir si existen elementos suficientes para llevar a juicio a los responsables o si requiere más tiempo para robustecer la investigación sobre una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en el país.
