La Fiscalía General de la República (FGR) alista un nuevo proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta participación en el desvío de recursos federales destinados al sector salud, un caso que podría impedir su liberación prevista para 2026.
De acuerdo con fuentes judiciales, el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte programó para este 30 de diciembre una audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal formularía imputación y solicitaría la apertura de un nuevo juicio contra el exmandatario estatal.
La diligencia había sido prevista inicialmente para finales de noviembre, pero fue pospuesta tras un reporte médico presentado por la defensa de Duarte, lo que retrasó el avance del caso.
Autorización internacional y nuevas carpetas
Información publicada recientemente señala que la FGR obtuvo autorización del gobierno de Guatemala para proceder penalmente contra Duarte por delitos distintos a los que motivaron su extradición en 2017, lo que permitió reactivar investigaciones pendientes.
La nueva imputación estaría sustentada en el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a partir de más de cien carpetas de investigación derivadas de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias.
De manera inicial, la fiscalía optó por judicializar un caso relacionado con el presunto desvío de más de cinco millones de pesos provenientes de un fondo federal de salud, con la intención de sentar precedente y avanzar posteriormente en otros expedientes similares.
Riesgo para su liberación anticipada
Actualmente, Javier Duarte cumple una condena de nueve años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, sentencia que concluiría en abril de 2026. Sin embargo, la apertura de este nuevo proceso podría bloquear cualquier beneficio de libertad anticipada.
En caso de que el juez determine la vinculación a proceso, la FGR podría solicitar medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, lo que prolongaría su permanencia en reclusión.
El nuevo movimiento de la FGR contra Javier Duarte envía una señal relevante: los casos de corrupción no necesariamente terminan con una sola sentencia. El presunto desvío de recursos destinados a la salud —uno de los sectores más sensibles— refuerza la percepción de que el daño causado trasciende lo económico y alcanza lo social. Si el proceso avanza, no solo podría frenar su salida de prisión, sino también reabrir el debate sobre la deuda de justicia pendiente en uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos del país.
