El jueves 8 de enero de 2026, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución de poderes de guerra con el fin de limitar la capacidad del presidente Donald Trump para realizar nuevos ataques o acciones militares contra Venezuela sin la autorización previa del Congreso.
El resultado de la votación
La resolución fue aprobada con un margen estrecho de 52 votos a favor y 47 en contra. Lo más relevante fue el carácter bipartidista del apoyo: además de todos los demócratas, cinco senadores republicanos votaron a favor (Rand Paul, Todd Young, Lisa Murkowski, Josh Hawley y Susan Collins), rompiendo filas con el presidente.
El motivo de la resolución
La medida surge como respuesta directa a una incursión militar ocurrida el fin de semana anterior (sábado 3 de enero de 2026), en la cual fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas, trasladándolos posteriormente a Nueva York. Los senadores que impulsaron la resolución argumentaron que:
- Falta de notificación: Trump no informó al Congreso antes de realizar la operación.
- Riesgo de guerra: Existe preocupación por un conflicto prolongado o una ocupación militar indefinida, especialmente después de que el presidente sugiriera que Estados Unidos podría “hacerse cargo” de Venezuela y sus recursos petroleros.
¿Qué implica legalmente?
Esta resolución exige que el presidente retire las fuerzas armadas de cualquier hostilidad contra Venezuela a menos que reciba una declaración de guerra formal o una autorización específica del Congreso.
Aunque es un golpe político significativo para la administración Trump, la resolución enfrenta obstáculos:
Cámara de Representantes: Aún debe pasar por la Cámara, donde su futuro es incierto debido a la mayoría republicana.
Veto Presidencial: Es casi seguro que el presidente Trump vetará la medida si llega a su escritorio, y el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular dicho veto, algo que actualmente parece difícil de alcanzar.
El Senado ha enviado un mensaje claro de desaprobación a la acción unilateral del presidente, buscando retomar el control constitucional sobre las declaraciones de guerra.
