La situación en la cuenca del Río Sonora ha escalado de la indignación social a una exigencia política directa. El colectivo Pueblo Unido en Defensa de la Cuenca del Río Sonora lanzó un posicionamiento contundente dirigido al Congreso, en el que demanda recursos urgentes para atender una crisis de salud que, aseguran, ha sido ignorada durante más de una década.
A once años del derrame de sustancias tóxicas atribuido a Grupo México, la organización advierte que no existe hasta ahora una asignación presupuestal seria para enfrentar las consecuencias sanitarias. El señalamiento central es alarmante: más de ocho de cada diez habitantes evaluados presentan exposición a metales pesados, sin acceso a atención médica especializada.
Una cifra que refleja vidas afectadas
El colectivo fundamenta su denuncia en información oficial de la Secretaría de Salud. De acuerdo con estudios realizados en 2022, una proporción mayoritaria de la población que habita la cuenca —incluidos menores de edad, mujeres y personas mayores— presenta acumulación de sustancias tóxicas tras años de consumir agua y alimentos contaminados.
“Estos datos no son simples estadísticas; son personas que han vivido durante años con contaminantes en su organismo sin un sistema de salud que responda”, advierte el pronunciamiento.
Abandono institucional y promesas incumplidas
En el documento enviado a las comisiones legislativas correspondientes, Pueblo Unido acusa una falta de respuesta que califican como grave y prolongada. Entre los principales pendientes que señalan se encuentran:
- Carencia de especialistas: No hay personal médico capacitado en toxicología ni epidemiología atendiendo de forma permanente los casos de intoxicación crónica.
- Hospital inexistente: El Hospital de Especialidades prometido desde hace años continúa sin concluirse.
- Falta de vigilancia ambiental: No se ha establecido un centro que supervise de manera constante la calidad del agua, del suelo y de los alimentos, principales fuentes de exposición.
Demandan acciones concretas, no declaraciones
Ante lo que consideran evasión de responsabilidades por parte de las autoridades, el colectivo exige una explicación pública sobre por qué no se han destinado recursos específicos para enfrentar esta emergencia.
De manera puntual, solicitan la autorización inmediata de un presupuesto extraordinario que permita:
- Incorporar de forma permanente a especialistas en toxicología y epidemiología.
- Implementar un programa integral de salud con diagnóstico, tratamiento y seguimiento continuo.
- Finalizar el hospital de especialidades y poner en marcha un centro de monitoreo ambiental y toxicológico.
“No hay más tiempo”
El mensaje hacia los legisladores es directo: la espera ha tenido consecuencias irreversibles. Mientras se aplazan decisiones administrativas, advierten, la salud de miles de habitantes sigue deteriorándose.
“Las cifras son una señal de alarma que no admite más retrasos. Se requieren decisiones inmediatas, compromisos reales y acciones que protejan la vida”, concluye el comunicado firmado por Pueblo Unido en Defensa de la Cuenca del Río Sonora.
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