El Congreso de Jalisco rechazó acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la restricción de edad para el cambio de identidad de género en actas de nacimiento, tras una votación dividida entre las fuerzas políticas del estado.
Con 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención, los legisladores desecharon el dictamen que buscaba armonizar la legislación local con el fallo del máximo tribunal del país, generando un nuevo episodio de tensión entre poderes.
Votación dividida entre bloques políticos
Las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y PRI, además de un legislador del PT y dos del Partido Verde, se pronunciaron en contra del reconocimiento legal de las infancias trans. En contraste, Morena, Hagamos, Futuro y el diputado independiente Alejandro Puerto votaron a favor.
La diputada Yussara Canales optó por la abstención, mientras que varios legisladores no acudieron a la sesión, entre ellos Alberto Alfaro y Martín Franco (Morena), Leonardo Almaguer (PT) y Valeria Ávila (Hagamos).
Advertencias de la SCJN y posibles sanciones
Durante el debate, la diputada morenista Candelaria Ochoa advirtió que el Congreso estatal podría enfrentar multas e inhabilitaciones por desacato a una sentencia judicial, recordando que los fallos de la Corte son de cumplimiento obligatorio para las autoridades legislativas.
La legisladora subrayó que, aunque existan diferencias ideológicas, el Congreso está obligado a armonizar sus leyes con la Constitución y garantizar los derechos humanos.
Argumentos en contra del reconocimiento
Por su parte, la diputada Celenia Contreras, de Movimiento Ciudadano, defendió la postura del bloque opositor, argumentando que la sentencia permitiría la emisión de nuevas actas de nacimiento sin el consentimiento de los padres, lo que —según su postura— no protege adecuadamente a la niñez y representa una extralimitación del Poder Judicial.
Debate abierto sobre derechos y autonomía legislativa
El rechazo del Congreso jalisciense reaviva el debate nacional sobre el derecho a la identidad de género, el interés superior de la niñez y los límites del federalismo frente a las resoluciones de la SCJN.
Especialistas advierten que este tipo de decisiones podrían derivar en controversias constitucionales adicionales y en un nuevo enfrentamiento jurídico entre el poder legislativo local y el máximo tribunal del país.
