La periodista cuestionó la desconexión entre los altos mandos del Poder Judicial y la realidad laboral de millones de mexicanos tras las declaraciones de Hugo Aguilar.
En un nuevo capítulo de la tensa relación entre la opinión pública y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la periodista Azucena Uresti lanzó una dura crítica contra Hugo Aguilar, integrante del Poder Judicial, tras sus intentos de justificar los privilegios y remuneraciones de la institución bajo el argumento de enfrentar “jornadas de trabajo extremas”, hablamos de jornadas de las 7 am a las 12 am, y de resoluciones altamente mayores a las que lograba la antigua corte. Sin embargo, a pesr de que ella fue una gran defensora de la antigua corte y sus privilegios como las facturas millonarias en restaurantes de lujo y comedores privados con un costo de 11 mil pesos diarios por ministro, ahora se molesta por la existencia de un “catering”.
El origen de la polémica
Durante una comparecencia/intervención, Hugo Aguilar defendió la estructura salarial y los beneficios de los trabajadores de la Corte, asegurando que la carga laboral y la responsabilidad del cargo exigen condiciones excepcionales.
Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por un sector de la prensa y la ciudadanía, quienes perciben una brecha profunda entre la burocracia de alto nivel y el trabajador promedio.
La respuesta de Uresti
A través de su espacio en Radio Fórmula, Azucena Uresti no guardó silencio y confrontó directamente el discurso del funcionario:
“Ustedes que se la dan de pueblo, les falta mucho por conocer cómo trabaja la gente real”, sentenció la comunicadora.
Uresti enfatizó que, si bien el trabajo jurídico es complejo, millones de mexicanos enfrentan jornadas extenuantes, traslados de varias horas y salarios mínimos sin contar con las prestaciones de lujo que se discuten en el máximo tribunal del país.
Esta controversia se suma a una serie de cuestionamientos previos sobre el gasto operativo de la Corte. Entre los puntos más señalados por la opinión pública y diversos sectores políticos se encuentra la cancelada partida presupuestal destinada a la adquisición y mantenimiento de camionetas blindadas.
