La histórica calma de Groenlandia se ha quebrado bajo el peso de las ambiciones imperiales de la Casa Blanca. Lo que en 2019 fue calificado como una “ocurrencia” de Donald Trump, se ha transformado en 2026 en una crisis diplomática de escala global. Ante las reiteradas amenazas del mandatario estadounidense de tomar el control de Groenlandia —“ya sea por las buenas o por las malas”—, los líderes políticos y la sociedad civil de la isla han respondido con una aceleración sin precedentes de sus planes de independencia total de Dinamarca, buscando blindar su soberanía frente a lo que consideran un inminente zarpazo neocolonial.
El viernes pasado, desde su residencia en Florida, Trump mencionó: Argumentando razones de “seguridad nacional” y la supuesta necesidad de frenar la “infección” de presencia rusa y china en el Polo Norte, el presidente afirmó que Groenlandia es un “activo estratégico indispensable”. “Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no”.
La respuesta desde Nuuk, la capital groenlandesa, fue unánime. El primer ministro, Múte Bourup Egede, líder del partido independentista de izquierda Inuit Ataqatigiit, declaró que la isla “no está en venta y nunca lo estará”. Egede ha llamado a la unidad nacional para resistir las presiones de Washington. “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses; queremos ser groenlandeses”, subrayó en un comunicado conjunto firmado por todos los partidos del Parlamento.
Detrás de la farsa de seguridad de Trump se esconde un botín mineral de proporciones gigantescas. Con el retroceso de la capa de hielo debido a la crisis climática, han quedado expuestos yacimientos de tierras raras, cobalto, níquel y litio, esenciales para la industria tecnológica y de armamento. Según el Servicio Geológico de EE. UU., la isla alberga cerca de 42 millones de toneladas de estos materiales, cuya cadena de suministro está hoy mayoritariamente en manos de China.
Para Washington, el control de la base aérea de Pituffik (antes Thule) ya no es suficiente. La administración Trump busca la propiedad total del suelo para excluir a Pekín de las licitaciones mineras y para vigilar de cerca la Flota del Norte de Rusia. Sin embargo, este enfoque de “doctrina Monroe” aplicado al Ártico ha puesto a la OTAN al borde del abismo.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó la presión estadounidense como “inaceptable”. En una declaración que heló los pasillos de Bruselas, advirtió:
“Si un aliado de la OTAN ataca la integridad territorial de otro miembro de la alianza para imponer sus intereses, la OTAN, tal como la conocemos, habrá terminado”.
Groenlandia posee un estatus de autonomía desde 1979 y, según la Ley de Autogobierno de 2009, tiene el derecho legal y reconocido a la autodeterminación mediante referéndum.
El conflicto ha llegado al Congreso estadounidense, donde la oposición demócrata ha intentado —sin éxito hasta ahora— prohibir el uso de fondos para cualquier acción militar contra territorio danés. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantiene una posición ambigua, pidiendo una “mayor presencia de seguridad” de EE. UU. en la región, lo que ha sido interpretado por los críticos como una claudicación ante los intereses de Trump.
La situación de Groenlandia es sensible. Si Nuuk acelera su referéndum de independencia para este semestre, se enfrentará al dilema de perder el subsidio anual de Dinamarca (unos 600 millones de dólares), una vulnerabilidad económica que Trump espera aprovechar para comprar la voluntad del nuevo Estado o, en su defecto, justificar una intervención “estabilizadora”.
