Mientras México se prepara para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales a partir de 2027, en Argentina el rumbo es diametralmente opuesto. El presidente Javier Milei impulsa una reforma laboral que permitiría trabajar hasta 12 horas diarias, con esquemas de pago que incluyen pesos, dólares e incluso alimentos, lo que ha provocado un fuerte rechazo de abogados laboralistas, quienes advierten que varias disposiciones son inconstitucionales.
México: reducción gradual acordada con sindicatos y empresarios
En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum confirmó que la reducción de la jornada laboral será escalonada y negociada, con el objetivo de pasar de 48 a 40 horas semanales para 2030.
El calendario acordado establece:
- 2027: de 48 a 46 horas
- 2028: de 46 a 44 horas
- 2029: de 44 a 42 horas
- 2030: de 42 a 40 horas
La reducción se aplicará de manera progresiva para evitar impactos abruptos en el empleo y la productividad, aunque sectores empresariales ya han solicitado exenciones fiscales en el pago de horas extra.

Argentina: más horas de trabajo en nombre de la “modernización”
En contraste, el gobierno de Javier Milei presentó una reforma laboral integral que ya avanza en el Congreso argentino, con la intención de obtener media sanción antes de que termine el año. El Ejecutivo defiende el proyecto como una modernización del régimen laboral, enfocada en reducir costos, flexibilizar condiciones y limitar conflictos judiciales. Sin embargo, sindicatos y especialistas advierten que implica un retroceso en derechos históricos.
Jornadas de hasta 12 horas y banco de tiempo
Entre los cambios más controvertidos se encuentra la posibilidad de:
- Ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas
- Crear un banco de horas negociado por convenio colectivo
- Acumular y redistribuir horas trabajadas
- Flexibilizar horarios según necesidades del empleador
Estas medidas, según abogados laboralistas, erosionan el principio de protección al trabajador y podrían facilitar jornadas excesivas sin pago proporcional.
Pagos en pesos, dólares… y comida
La reforma también introduce nuevas modalidades de pago salarial, permitiendo que los empleadores remuneren a los trabajadores mediante:
- Pesos argentinos
- Moneda extranjera
- Alimentos
- Pagos en especie
- Vivienda
Este punto ha sido duramente criticado por especialistas, quienes advierten que abre la puerta a esquemas precarios y debilita el salario como ingreso garantizado en efectivo.

Indemnizaciones: menos protección ante el despido
El proyecto redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido:
- Ya no se toma el salario más alto, sino un promedio
- Se excluyen aguinaldo, vacaciones y premios
- Se permite el pago en cuotas
- No se establece un tope máximo
Para los sindicatos, este esquema abarata el despido y reduce la estabilidad laboral.
Derecho a huelga bajo presión
Otro punto altamente polémico es la restricción al derecho de huelga. La iniciativa amplía la lista de actividades consideradas esenciales, obligando a mantener entre 50% y 75% de funcionamiento durante protestas. Abogados laboralistas sostienen que esta disposición viola el artículo 14 bis de la Constitución argentina, que protege el derecho a huelga, y recuerdan que intentos similares ya fueron frenados por la justicia.
Golpe a sindicatos y trabajo en plataformas
La reforma también:
- Elimina la cuota solidaria sindical, afectando el financiamiento de los gremios
- Pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos
- Crea la figura del “repartidor independiente”, negando relación laboral en plataformas digitales
Estos cambios redefinen de fondo el modelo de relaciones laborales en Argentina.
Choque de modelos laborales en la región
Mientras México avanza hacia una reducción del tiempo de trabajo como parte de una agenda de bienestar laboral, Argentina discute una reforma que extiende jornadas, flexibiliza pagos y limita derechos colectivos.
El contraste evidencia dos visiones opuestas sobre el futuro del trabajo en América Latina: una que apuesta por menos horas y mayor equilibrio, y otra que privilegia flexibilidad extrema y reducción de costos, aun a costa de conflictos legales y constitucionales.

