Durante una audiencia judicial reciente, Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del ayuntamiento de Uruapan, declaró que no se arrepiente de haber proporcionado información que derivó en el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
De acuerdo con el periodista César Cabrera, quien dio a conocer los detalles en el programa de Azucena Uresti en Grupo Fórmula, García Rivero fue vinculado a proceso junto con el taxista Josué Elogio “N”, señalado como uno de los ejecutores del crimen.
Droga a cambio de información
En la audiencia se reveló que Samuel García Rivero recibió dos grapas de cocaína como pago por la información entregada para facilitar el homicidio. Según el testimonio de Josué Elogio “N”, existía un intercambio recurrente de droga por datos internos, aprovechando la posición del exfuncionario dentro del gobierno municipal.
Las investigaciones señalan que ambos se conocían desde hacía al menos siete meses, periodo durante el cual García Rivero compraba droga de manera constante, lo que fortaleció la relación y facilitó el flujo de información sensible.
Conflictos personales y laborales
Uno de los factores que, según la indagatoria, influyó en la decisión del exfuncionario fue una relación laboral deteriorada con Carlos Manzo. García Rivero afirmó que el entonces alcalde le imponía una carga excesiva de trabajo y no le concedía permisos para convivir con su hija, situación que —dijo— contribuyó a su resentimiento.
Bajo ese contexto, expresó que no siente remordimiento por haber colaborado en el crimen.
Vínculos con el crimen organizado
El caso también destapó la presunta participación de un nuevo mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como “M2”, quien sería jefe del taxista y de otros transportistas involucrados en la operación criminal.
Continuó en funciones tras el asesinato
El diputado Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, reveló que Samuel García Rivero siguió trabajando en el ayuntamiento de Uruapan hasta el 6 de enero de 2026, es decir, dos meses después del asesinato, información que le habría sido confirmada por la presidenta municipal Grecia Quiroz.
Familia exige ampliar la investigación
Por su parte, Juan Manzo, hermano de la víctima, insistió en que las detenciones realizadas no cierran el caso y exigió que se investigue una posible motivación política detrás del asesinato.
“Hasta ahora hemos visto a los ejecutores, pero falta conocer el móvil y saber si existen fines políticos”, señaló.
Juan Manzo añadió que, durante el funeral, le llamó la atención la conducta de García Rivero, a quien describió como una persona con una actitud extraña frente al resto de los funcionarios cercanos a su hermano.
