El procedimiento de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, continúa activo en la Cámara de Diputados, aunque su avance está condicionado a la información que debe proporcionar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche.
Así lo informó el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sección Instructora, órgano responsable de analizar los juicios de procedencia en San Lázaro. Al concluir la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, explicó que dicho órgano solicitó datos específicos a la fiscalía estatal, los cuales aún no han sido entregados, impidiendo la elaboración de un dictamen definitivo.
Flores Cervantes aclaró que el expediente no se encuentra detenido ni archivado, sino a la espera de los elementos necesarios para sustentar jurídicamente cualquier resolución.
Delitos no prescriben, afirma la Sección Instructora
El legislador señaló que los presuntos delitos imputados a Moreno Cárdenas —uso indebido de atribuciones, peculado y enriquecimiento ilícito— no se encuentran en riesgo de prescripción, aunque reconoció no conocer con precisión los plazos establecidos en la legislación anticorrupción de Campeche.
Detalló que la solicitud de juicio de procedencia está integrada por cinco carpetas de investigación, en las que se señala un presunto desvío de recursos públicos que podría ascender a cerca de cinco mil millones de pesos.
“Estamos buscando reunir absolutamente todos los elementos necesarios para elaborar un dictamen sólido, bien fundamentado y que no sea impugnable. Queremos que cualquier resolución esté completamente apegada a la legalidad”, expresó.
Debate sobre el fuero constitucional
El diputado adelantó que, una vez concluido el dictamen, se garantizará el derecho de audiencia del senador, conforme a los procedimientos legislativos vigentes.
Asimismo, abrió la discusión sobre el alcance del fuero constitucional, al considerar que debería limitarse a la protección de la libertad de expresión y la labor legislativa, y no extenderse a la inmunidad frente a posibles delitos ajenos a la función parlamentaria.
“Creo en el fuero como garantía de expresión y acción legislativa, pero si alguien comete un delito fuera de sus funciones, no debería contar con inmunidad procesal. Esta figura ha sido abusada”, concluyó.
