Después de más de una década de abandono institucional, omisiones y promesas incumplidas, las comunidades de la Cuenca del Río Sonora obtuvieron un compromiso público que marca un punto de inflexión en la lucha por la justicia ambiental: Grupo México aceptó finalmente cumplir con las obras de resarcimiento por la contaminación del río, provocada por el derrame tóxico de 2014.
El anuncio fue confirmado por el Gobierno Federal y difundido por el diario La Jornada, en lo que el movimiento Pueblo Unido en Defensa de la Cuenca del Río Sonora califica como el resultado directo de meses de organización comunitaria, presión social sostenida y exigencias formales ante las autoridades.
Lejos de tratarse de una concesión voluntaria, el movimiento subraya que este avance es consecuencia de la persistencia de los pueblos afectados, que durante años fueron ignorados por la empresa responsable y por distintas instancias de gobierno.
El pasado 15 de diciembre, el gobernador del estado sostuvo una reunión directa con integrantes de Pueblo Unido, con el objetivo de dialogar sobre el pliego petitorio entregado previamente. Dicho documento fue presentado el 2 de diciembre por Delia María Piña y María Auxiliadora Haro Romo, representantes del movimiento, y concentra las demandas históricas de las comunidades ribereñas.
Entre los compromisos que hoy se reconocen públicamente se encuentran la atención integral a la salud, incluyendo la instalación de clínicas; el monitoreo permanente de la calidad del agua; la restitución y remediación de suelos contaminados, así como acciones reales de resarcimiento por los daños ambientales y sociales ocasionados por el derrame.
Para las comunidades, estos puntos no son negociables: se trata de derechos básicos negados durante años en una de las peores tragedias ambientales del país.
En su posicionamiento, Pueblo Unido fue enfático en un punto clave: el rechazo absoluto a la construcción de presas en la Cuenca del Río Sonora y en el Río San Miguel. El movimiento advierte que no puede impulsarse ningún proyecto de represamiento en un río que continúa contaminado y que aún requiere procesos profundos de saneamiento y restauración.
“La lucha es por la recuperación integral del río, no por su represamiento”, sostiene el comunicado, al tiempo que exige la cancelación definitiva de cualquier proyecto de presa, incluso aquellos que se pretendan justificar como parte de la remediación.
Aunque reconocen el compromiso como un paso importante, las comunidades dejan claro que no bajarán la guardia. La historia de incumplimientos obliga a mantener una vigilancia permanente para que cada acuerdo se concrete en tiempo, forma y con total transparencia.
“El Río Sonora se defiende con verdad, justicia y dignidad”, reiteran. Para Pueblo Unido, la cuenca es patrimonio del pueblo y responsabilidad directa del Estado, y la salud de las comunidades no admite más aplazamientos.
Este avance, advierten, no cierra la lucha: apenas abre una nueva etapa en la exigencia de justicia ambiental para una región que se negó a aceptar el olvido como destino.
