El empresario Ricardo Salinas Pliego ya habría mostrado voluntad de pagar una deuda fiscal estimada en 51 mil millones de pesos, luego de que representantes de Grupo Salinas se acercaran al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para definir los términos del pago.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la empresa se presentó ante la autoridad fiscal el pasado jueves, donde manifestó su intención de cumplir con la obligación, aunque se encuentra en proceso de revisar ajustes permitidos por la ley.
“No se trata de una negociación política, sino de revisar el alcance de las disminuciones conforme a la ley fiscal”, explicó la mandataria.
Posibles descuentos y esquema de pago
De acuerdo con la legislación vigente, cuando un contribuyente expresa formalmente su intención de pagar, puede solicitar reducciones o facilidades, que en este caso podrían alcanzar hasta un 39 % del monto total, dependiendo de resoluciones judiciales previas y disposiciones fiscales.
Sheinbaum subrayó que Salinas Pliego tiene los mismos derechos que cualquier contribuyente, incluyendo esquemas de pago o ajustes conforme a las sentencias de los tribunales.
Ultimátum del SAT
La presidenta señaló que el empresario tiene una semana para definir cómo liquidará la deuda. En caso de no concretarse el pago, el Gobierno federal podría iniciar acciones legales, aunque no se detallaron cuáles.
El origen del adeudo
El adeudo deriva de determinaciones del SAT entre 2013 y 2018, relacionadas con impuestos sobre la renta correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Estas resoluciones fueron confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos recursos legales de Grupo Salinas, dejando firme la obligación de pago.
Obligación constitucional
El director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, recordó que la Constitución establece que todas las personas y empresas deben contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, por lo que el cobro forma parte del procedimiento legal ordinario.
