Más de 5,500 funcionarios han abandonado el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desde el inicio de la actual administración de Donald Trump, en lo que organizaciones civiles y exfuncionarios describen como una crisis institucional inédita dentro del sistema judicial federal.
Lejos de tratarse de abogados privados del expresidente, las salidas corresponden a fiscales, abogados de carrera, jueces migratorios y personal clave que durante años sirvieron bajo administraciones de distintos partidos.
Renuncias masivas por conflictos éticos
De acuerdo con colectivos como Justice Connection, las dimisiones incluyen renuncias voluntarias, despidos y retiros anticipados, con una presencia significativa de abogados federales de carrera.
El detonante principal ha sido el choque ético y profesional con la forma en que el DOJ está siendo dirigido.
Entre los motivos más señalados destacan:
- Presiones políticas para modificar o retirar acusaciones en casos sensibles.
- Órdenes directas para no investigar a agentes federales involucrados en abusos.
- Intervención política en procesos judiciales que tradicionalmente eran independientes.
La División de Derechos Civiles, la más golpeada
Uno de los focos rojos es la División de Derechos Civiles, donde se estima que hasta el 75% de su personal ha salido entre 2025 y principios de 2026.
Exfuncionarios denuncian que la misión histórica de esta área —proteger a ciudadanos frente a abusos del poder— fue sustituida por una estrategia para evitar investigaciones incómodas contra autoridades federales.
Casos que detonaron la ruptura
En enero de 2026, una serie de hechos aceleró el éxodo:
- Minnesota: al menos seis fiscales federales renunciaron tras negarse a acatar órdenes de no investigar a un agente de ICE que disparó contra una ciudadana desarmada.
- Los fiscales denunciaron presiones para criminalizar a manifestantes y a la familia de la víctima, en lugar de indagar el uso excesivo de la fuerza.
También sobresale el caso del alcalde de Nueva York, Eric Adams, donde varios fiscales abandonaron el cargo tras recibir instrucciones para retirar cargos por corrupción, lo que consideraron una intromisión política directa.
Impacto profundo en el sistema judicial
El resultado ha sido un vacío crítico de personal en áreas estratégicas del DOJ.
Aunque el gobierno ha intentado cubrir las plazas, enfrenta congelamientos de contratación y una creciente negativa de abogados calificados a integrarse bajo la actual dirección.
Además, cerca de 100 jueces de inmigración dejaron sus cargos en 2025, denunciando la militarización de las cortes migratorias y la pérdida de imparcialidad en los procesos.
Una crisis de confianza institucional
Más que una protesta aislada, el fenómeno refleja una ruptura profunda en la confianza de los operadores del sistema judicial.
Para muchos abogados de carrera, la disyuntiva fue clara: obedecer órdenes políticas o defender la Constitución.
La decisión, en miles de casos, fue renunciar.
