La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó una revisión jurídica profunda de las iniciativas conocidas como “Ley Esposa”, al considerar que no necesariamente garantizan la paridad de género y podrían responder a intereses ajenos a ese principio.
Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria señaló que dichas propuestas deben analizarse con cautela, ya que el hecho de limitar la contienda electoral exclusivamente a mujeres no implica, por sí mismo, un avance real en igualdad política.
Sheinbaum subrayó que estas iniciativas —algunas ya aprobadas o en debate en estados como San Luis Potosí y Nuevo León— requieren una evaluación detallada por parte de los congresos locales para determinar si se ajustan al marco constitucional y a los criterios vigentes en materia electoral.
Las reformas han generado polémica debido a que, en ciertos contextos, se interpreta que podrían beneficiar a personas cercanas a los actuales gobernadores, particularmente a sus cónyuges, lo que ha abierto el debate sobre su verdadera finalidad. Ante ello, la presidenta insistió en que lo fundamental es esclarecer si dichas disposiciones son jurídicamente procedentes.
Revisión constitucional
Bajo este panorama, Sheinbaum informó que pidió al ministro en retiro Arturo Zaldívar analizar si las reformas asociadas a la llamada Ley Esposa se encuentran dentro de los límites legales y constitucionales, más allá de las disputas partidistas que puedan surgir.
¿Qué es la “Ley Esposa”?
El término Ley Esposa no corresponde a una figura jurídica formal, sino a un conjunto de reformas estatales que establecen que, en un proceso electoral específico, solo mujeres pueden competir por la gubernatura.
Estas medidas se sustentan en el principio de paridad sustantiva, incorporado a la Constitución en 2014, así como en la idea de alternancia de género, que busca que el titular del Ejecutivo sea de un género distinto al de su antecesor.
En el caso de San Luis Potosí, el Congreso local aprobó el pasado 14 de diciembre una reforma a su Ley Electoral que obliga a postular únicamente mujeres en la elección de 2027. El decreto fue avalado con 19 votos a favor y 8 en contra, en medio de cuestionamientos por el contexto político en el que fue aprobado.
