No habían pasado ni 24 horas del atentado que sacudió al centro de Culiacán cuando el estruendo de los motores de la Fuerza Aérea Mexicana ya se escuchaba en el aeropuerto. Es oficial: el Gobierno Federal no se anduvo con rodeos y desplegó a 1,600 efectivos militares en el estado este jueves, en un intento por frenar la ola de violencia que alcanzó niveles críticos ayer con el ataque directo contra los diputados de Movimiento Ciudadano (MC).
La movilización no es cualquier cosa. Hablamos de 1,200 soldados del Ejército y 400 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que llegaron en cuatro aeronaves con una misión clara: saturar las calles de Culiacán y Mazatlán. La orden, que viene directamente desde lo más alto del gabinete de seguridad, busca disuadir a los grupos criminales que, en palabras de algunos analistas locales, parecen haberle perdido el miedo a las instituciones.
Un miércoles negro en el centro
Todo esto es la respuesta inmediata al ataque que sufrieron ayer, 28 de enero, Sergio Torres Félix, dirigente estatal de MC, y la diputada Elizabeth Montoya. Los legisladores fueron interceptados por un comando armado mientras circulaban en una camioneta blanca cerca de la zona del “Ajedrez“, en el pleno corazón de la capital sinaloense.
Aunque sus escoltas intentaron repeler la agresión, el saldo fue doloroso. A estas horas, los reportes médicos son agridulces: mientras que Sergio Torres se encuentra en estado grave pero estable en un hospital privado, ha trascendido que la diputada Montoya podría haber sufrido una lesión irreversible en uno de sus ojos. La escena del crimen, donde se encontraron decenas de casquillos y un vehículo abandonado por los sicarios, fue el detonante para que la Federación enviara los refuerzos hoy mismo.
¿Qué se espera de este despliegue?
No es la primera vez que vemos llegar convoyes a Sinaloa, pero el ambiente hoy se siente distinto, más tenso. Los 1,600 efectivos no solo patrullarán; traen la consigna de instalar cuadrantes de seguridad y trabajar hombro con hombro con las autoridades estatales para bajarle la temperatura a los delitos de alto impacto.
Mientras tanto, la clase política nacional ha cerrado filas. Desde el PRI y el PAN no han tardado en señalar que “Sinaloa es un infierno“, exigiendo que esta vez el despliegue sí traiga detenciones y no solo sea una foto para el periódico. Por ahora, los habitantes de Culiacán ven pasar los camiones verde olivo con esa mezcla de alivio y escepticismo que ya se volvió parte de la rutina
