El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que abre la puerta a imponer aranceles adicionales a países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que podría tener repercusiones geopolíticas y comerciales en América Latina, incluido México.
En el documento, Trump argumenta que la situación de Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense, por lo que declaró una emergencia nacional relacionada con la isla caribeña. Con ello, se autoriza la creación de un sistema arancelario punitivo contra naciones que mantengan vínculos energéticos con La Habana.
Según la orden, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, será el encargado de determinar qué países suministran crudo o derivados a Cuba, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se aplican los gravámenes y en qué magnitud. La medida busca aislar energéticamente al gobierno cubano y presionar por un cambio político en la isla.
Washington considera que el corte del suministro petrolero, especialmente tras la caída del apoyo venezolano, podría acelerar un cambio de régimen en Cuba, que atraviesa una profunda crisis económica y social.
México, en el centro de la tensión
La orden ejecutiva genera incertidumbre para México, que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales proveedores de petróleo y derivados para Cuba. Este rol podría elevar el costo político y comercial en la relación con Estados Unidos, especialmente si Washington decide aplicar sanciones indirectas.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el envío de recursos a la isla como ayuda humanitaria y una decisión soberana, subrayando que México ha mantenido históricamente una política de solidaridad internacional. Sin embargo, también señaló que el país evaluará los envíos de crudo según las solicitudes del gobierno cubano.
Un nuevo frente de presión
La estrategia de Trump forma parte de una ofensiva más amplia contra el régimen cubano, enmarcada en su política exterior más dura hacia gobiernos de izquierda en América Latina. Analistas advierten que la medida podría desencadenar tensiones comerciales, represalias diplomáticas y un nuevo capítulo de fricción entre Washington y sus socios regionales.
